Dieciocho estados solicitan que la SEC detenga la aplicación de regulaciones sobre criptomonedas.
Esto es solo una parte de una guerra de poder en curso.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) está siendo objeto de una demanda por parte de 18 estados que acusan a la entidad de intentar “despojar unilateralmente a los Estados de su autoridad reguladora” en el ámbito de las criptomonedas. Los estados demandantes buscan frenar las acciones de ejecución de la SEC para poder gestionar la regulación de las criptomonedas por sí mismos. También figura en la demanda el DeFi Education Fund, un grupo de presión de intereses especiales.
Gary Gensler, presidente de la SEC, y otros comisionados de la entidad son mencionados en la demanda. La gestión de Gensler respecto a las criptomonedas durante su mandato ha suscitado críticas tanto en la industria como entre figuras políticas republicanas, como el presidente electo Donald Trump.
Este conflicto sobre la regulación de criptomonedas ha generado una lucha de poder constante. Hasta ahora, los principales contendientes en esta disputa han sido la SEC y la Comisión de Intercambio de Commodities y Futuros, que es vista como la reguladora preferida por la industria cripto. Liderados por Russell Coleman, fiscal general de Kentucky, los estados han decidido intervenir en este conflicto.
La SEC ha logrado importantes avances contra la industria cripto, y varios jueces han respaldado su jurisdicción en múltiples casos. La demanda sostiene que “la amplia afirmación de jurisdicción reguladora de la SEC es insostenible”, alegando que “los activos digitales en cuestión son solo eso: activos, no contratos de inversión cubiertos por las leyes de valores federales”. Este argumento ha generado una gran controversia.
Por su parte, Coinbase, que también enfrenta una demanda de la SEC, ha defendido que la acción legal debería ser desestimada, ya que no está comercializando valores. Sin embargo, la jueza del Distrito de EE.UU., Katherine Polk Failla, desestimó la alegación de Coinbase, permitiendo que el caso siga adelante. Failla afirmó que, aunque la terminología "cripto" sea reciente, las transacciones cuestionadas se enmarcan dentro del cuestionario que los tribunales han utilizado para identificar valores desde hace casi ochenta años.
Además, la demanda de los estados argumenta que un precedente conocido como la doctrina de las grandes cuestiones establece que la SEC no debería litigiar contra la industria cripto sin la aprobación del Congreso. Este punto también ha sido objeto de debate, ya que los jueces han rechazado esta línea de argumentación presentada por Terraform Labs y Coinbase.