Estados Unidos ha invertido más de 500,000 dólares en anuncios hiper-dirigidos en YouTube para desincentivar la migración irregular.

Este mes, el gobierno de Estados Unidos ha destinado más de $500,000 a al menos 30 anuncios en YouTube, los cuales intimidan a los migrantes indocumentados con la amenaza de deportación y prohibición de reingreso. La campaña, encabezada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, incluye mensajes que criminalizan a los migrantes y fomentan la "autodeportación" a través de la aplicación CBP One. Según datos del Google Ads Transparency Center, el gobierno estadounidense ha invertido un total de $594,600 en esta campaña digital diseñada para disuadir la migración irregular.

Los fondos se distribuyen entre 30 anuncios activos, con un enfoque geográfico específico. California ha concentrado la mayor parte del gasto, con $208,000, lo que representa el 35 por ciento del total. Texas y Florida le siguen con inversiones cercanas a los $120,000, aunque Florida también ha registrado fondos adicionales que suman $61,600. Otros estados con poblaciones migrantes considerables, como Illinois y Nueva York, han recibido cerca de $48,000 cada uno. En contraste, algunas regiones fronterizas, como Arizona, han recibido mucho menos, con solo $20,300.

California, Texas y Florida son los estados que más recursos han destinado a la publicidad en contra de la migración en YouTube. Este patrón de gasto evidencia una estrategia centrada en comunidades migrantes establecidas, en lugar de en áreas fronterizas. Tal distribución refleja un intento por maximizar el impacto psicológico y social del mensaje en regiones donde la población migrante es más susceptible a la desinformación.

Esta campaña fue anunciada el 17 de febrero, y se describe como una “campaña publicitaria multimillonaria que advierte a los inmigrantes ilegales que abandonen el país de inmediato o enfrenten la deportación y la imposibilidad de regresar a Estados Unidos.” Su objetivo es disuadir la migración irregular combinando tecnología de segmentación avanzada y lenguaje confrontativo. Documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que los anuncios se emitirán en televisión, redes sociales y mensajes de texto, adaptándose en varios idiomas para diferentes audiencias.

A tan solo dos meses de su lanzamiento, los mismos anuncios comenzaron a transmitirse en televisión abierta en México, durante eventos deportivos y programas en horario estelar. En uno de los mensajes, Noem advierte: “Si estás considerando venir a Estados Unidos de forma ilegal, ni siquiera lo pienses. Déjame ser clara: si vienes a nuestro país y violas nuestras leyes, te estaremos buscando. Los criminales no son bienvenidos.”

Esta iniciativa se inserta en un contexto más amplio de campañas estatales y federales diseñadas para desincentivar la migración, que van desde estrategias de comunicación pública como vallas publicitarias, hasta medidas más agresivas como la instalación de alambre de púa y operaciones de deportación.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está impulsando reformas legales para prohibir la propaganda extranjera en los medios locales, señalando que estos anuncios constituyen una violación de la soberanía. El gobierno mexicano y las estaciones de televisión, lideradas por Televisa, han aprovechado una laguna legal para transmitir dichos anuncios, los cuales han sido catalogados como “discriminatorios” por las autoridades mexicanas.

Sheinbaum, quien generalmente ha adoptado una postura conciliadora ante las demandas de Trump para evitar represalias económicas, considera que esta campaña, mostrada durante programas de gran audiencia, ha cruzado la línea. El lunes exigió la retirada de los anuncios de las estaciones de televisión. Sin embargo, al continuar su transmisión al día siguiente, la presidenta anunció una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para impedir que gobiernos extranjeros compren espacios publicitarios con fines políticos o ideológicos. Esta medida, que también abarca redes sociales, busca revertir una laguna creada en 2014, cuando se eliminaron restricciones similares bajo el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Los anuncios, protagonizados por Kristi Noem, vinculan la migración irregular con delitos violentos: "Pedófilos. Violadores. Asesinos. Estos son solo algunos de los inmigrantes ilegales que hemos deportado", afirma en uno de los vídeos. La inversión en plataformas digitales tiene como objetivo maximizar el alcance del mensaje.

El funcionamiento de la estrategia del DHS no sólo depende de mensajes agresivos, sino también de herramientas tecnológicas como la aplicación CBP One, que anteriormente ayudaba a los migrantes a prepararse para su ingreso a Estados Unidos y ahora les permite programar citas para la deportación voluntaria o solicitar asilo. No obstante, organizaciones de derechos humanos afirman que la aplicación, que se promueve en los anuncios, carece de garantías transparentes y expone a los usuarios a deportaciones rápidas.

La reforma de Sheinbaum plantea un dilema para plataformas como Meta y Google: ¿cómo regularán los anuncios pagados por gobiernos extranjeros en México? La prohibición impactaría no solo a los anuncios televisivos, sino también a campañas segmentadas en Facebook o YouTube, donde el DHS ha realizado importantes inversiones.

Esta campaña está alineada con la promesa de Donald Trump de deportar "millones de ilegales" para 2025, aplicando leyes como la Enemy Alien Act y programas que terminan con el permiso humanitario para cubanos y venezolanos. A pesar de que México ha colaborado en la reducción de flujos migratorios, la retórica creciente de Noem tensa aún más una relación ya debilitada por disputas comerciales y amenazas de aranceles. Mientras el DHS destina millones para disuadir a los migrantes, la maniobra legal de Sheinbaum podría limitar futuras campañas extranjeras. Sin embargo, el verdadero impacto de ambos lados se medirá en las fronteras digitales y físicas.