Estados Unidos planea respaldar un tratado de ciberdelitos de la ONU a pesar de preocupaciones sobre su posible mal uso.
Los Estados Unidos respaldarán la convención en la próxima votación.
Se está preparando una importante votación sobre un nuevo borrador de la Convención sobre Cibercrimen de la ONU, en la que se espera que el gobierno de Estados Unidos brinde su apoyo, a pesar de las críticas provenientes de organizaciones que defienden los derechos digitales y los derechos humanos. Esta convención representa la primera legislación vinculante de la ONU en materia de ciberseguridad, y sus partidarios buscan establecer un marco global que permita a los estados investigar y prevenir el cibercrimen.
Sin embargo, varios expertos, incluyendo a representantes de Cisco, advierten que el tratado no protege adecuadamente los derechos humanos fundamentales. Además, algunos activistas sostienen que este convenio podría facilitar que regímenes autoritarios abusen de su poder, ampliando su capacidad para vigilar y controlar a la población.
Los funcionarios estadounidenses han indicado que hubo consultas con países aliados y que revisaron cientos de comentarios de organizaciones no gubernamentales antes de decidirse a favor del consenso. Una de las razones por las que el gobierno de EE. UU. respalda el tratado es la posibilidad de influir en futuras enmiendas y actualizaciones, lo que sería más manejable si respaldan el tratado desde sus primeras etapas.
Recientemente, un grupo de senadores demócratas expresó su preocupación, señalando que el tratado podría “legitimar los esfuerzos de países autoritarios” para censurar y vigilar a los usuarios de Internet y a los activistas políticos. En una carta conjunta dirigida a altos funcionarios, mencionaron que aunque los esfuerzos de la administración para guiar esta convención hacia un impacto menos perjudicial son dignos de mención, es necesario hacer más para evitar que se justifiquen tales acciones.
Una de las principales inquietudes de los grupos de derechos digitales es que el tratado no se concentra en los delitos cometidos contra sistemas informáticos, como el ransomware. En cambio, la legislación pone énfasis en los sistemas de comunicación digital, lo que podría ser utilizado para extender los poderes de vigilancia policial, en lugar de proteger a los usuarios de Internet y a las empresas del cibercrimen.